Fuente: https://www.jubilaciondefuturo.es

Existe consenso en cuanto a la revalorización en momentos de crecimiento. No así sobre lo que se debe hacer en periodos de recesión

La fórmula para calcular la revalorización anual de las pensiones vuelve a abrazar el IPC, después de que la reforma de 2013 lo sustituyese por el conocido como Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), una compleja ecuación que recogía indicadores de la “salud” de las cuentas de la Seguridad Social y que arrojaba resultados entre el suelo del 0,25% y el techo del IPC + 0,50%. De hecho, desde su implementación, las pensiones solo han podido revalorizarse ese mínimo del 0,25% pues la fórmula arrojaba resultados negativos.

La vuelta al IPC como referencia para efectuar la revalorización anual de las pensiones ha sido consensuada por la Comisión del Pacto de Toledo, si bien el Gobierno saliente había liquidado el IRP, al menos durante los años 2018 y 2019 al pactar en los Presupuestos Generales del Estado una revalorización para 2018 del 1,6%, la misma que la que se aplicaría en 2019.

El consenso en la Comisión del Pacto de Toledo se basa en revalorizar las pensiones a niveles del IPC, e incluso superiores, en años de crecimiento económico. Sin embargo, no existe consenso sobre la revalorización que deberían experimentar las pensiones en años de recesión. Algunos grupos parlamentarios, como PSOE, Unidos Podemos o Esquerra Republicana de Cataluña abogan por revalorizar todas las pensiones, con independencia de la tasa de crecimiento, según la evolución del IPC. Otros grupos parlamentarios, como el Partido Popular, PdeCat o Ciudadanos plantean, en entornos de crecimiento negativo, revalorizar las pensiones más bajas según el IPC y aplicar a pensiones con mayor poder adquisitivo una revalorización menor.

El coste adicional de aplicar el incremento del 1,6% en 2018 frente al 0,25% que arrojaba el IRP asciende a casi 1.600 millones de euros. En 2019, se dispara hasta casi 3.250 millones de euros. Y el coste adicional de revalorizar las pensiones esos dos años el 1,6% y el resto de años hasta 2054 aplicar el 0,25% sería de casi 40.000 millones de euros, según cálculos de un estudio de la Universidad de Valencia. Esto es debido a que la revalorización de esos dos años se consolida para los siguientes.

La reforma de 2013, prácticamente derogada

Esta nueva medida supone, en la práctica, acabar con la reforma de 2013, dado que el otro parámetro que contemplaba dicha reforma, el Factor de Sostenibilidad, va a ver retrasada su entrada en vigor desde 1 de enero de 2019 hasta 1 de enero de 2023, según recoge la Propuesta de Presupuestos Generales del Estado de 2018 que, presumiblemente, se aprobará en breve en el Senado.

El Factor de Sostenibilidad busca adecuar la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida, de forma que haga equivalente la pensión de dos individuos que, habiendo contribuido al sistema de igual forma, se jubilan en momentos diferentes. Dado que la esperanza de vida aumenta, la cuantía de las pensiones se vería reducida, pues se presupone que se percibirán durante un periodo de tiempo más prolongado.